En el panel Una ruta crítica de la justicia ante situaciones de violencias, durante el Taller de Violencias, Sexualidades y Derechos Humanos, coordinado por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), y en el marco de la Jornada Contra la Violencia de Género, abordó temas cruciales para la prevención de la violencia en el contexto de la Isla.

En el evento, la ponencia de la Dra.C. Arlín Pérez Duharte evidenció la falta de protecciones legales a la víctima en el derecho penal cubano actual y en consecuencia la violencia institucional que sufren las víctimas, durante su exposición en esta mesa.

Sus reflexiones además versaron sobre el proceso penal, que va de la colección de pruebas legales, la fase decisoria por la fiscalía, al juicio oral, y la ausencia de la víctima a lo largo de este proceso, como sujeto de derecho.

Otro gran escollo lo supone que “en el juicio la víctima es solo testigo y no tiene derecho a impugnar”, es decir, a demandar una segunda solución más justa de acuerdo con sus intereses.

“Las víctimas de la violencia deberían tener categorías especiales, para evitar la revictimización sobre ella,” insistió la también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, al ser resguardada esa condición solo a menores y adolescentes según las leyes vigentes.

Para la académica “el derecho a la información ha de ser reconocido a la víctima durante el proceso para que pueda deliberar en la búsqueda de una solución justa para su causa”. Además resaltó que “no es suficiente la prueba, sino también el testimonio oral de la víctima” pues solo ella conoce la significación del daño.

Otro tema relevante de su intervención lo constituyó la reparación del daño moral que, a pesar de expresado en la ley penal, no se utiliza en la realidad judicial. Entre las causas se debe a la poca relevancia otorgada como acto que restituya la dignidad de las personas.

“El gran beneficio no es solo para las víctimas, sino para nuestra vocación: la justicia” finalizó Pérez Duharte como invitación a pensar el lugar de la víctima en el proceso penal.