Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), como parte de su participación en la Cumbre Las Mujeres en el Poder y en la toma de decisiones, celebrada en Chile los días 27 y 28 de febrero, formó parte del panel # 4 de discusiones, bajo el título “Creando Oportunidades: Buenas prácticas para asegurar la participación plena e igualitaria de las mujeres en la toma de decisión”.
La también diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular se refirió en su intervención a las medidas adoptadas en Cuba desde 1959 en función de un programa de desarrollo integral para incorporar a las mujeres a la sociedad en igualdad de condiciones que los hombres.
Este programa se ha caracterizado por expresar la voluntad política del Estado, su permanente experimentación y análisis crítico para adaptarse a los cambios de Cuba y del mundo así como su carácter complejo y dinámico. Este ha tratado de abarcar todos los ámbitos de la vida y es resultado de la voluntad participativa de las mujeres en el proceso de transformación social y del reconocimiento de sus derechos como ciudadanas. El liderazgo de la Federación de Mujeres Cubanas desde la sociedad civil es un espacio propio de participación social donde todas las mujeres expresan sus inquietudes y defienden sus derechos.
Mariela Castro se refirió a algunos ejemplos de la materialización del empoderamiento de las mujeres en los planos institucional-formal y cotidiano. Al respecto, señaló que hoy las cubanas constituyen el 39% de la fuerza laboral del país y está garantizada su incorporación al empleo en igualdad de condiciones respecto a los hombres, incluida la igualdad salarial desde 1959.
También que desde 1978 las mujeres son más de la mitad del total de profesionales y técnicos del país, mientras que desde 1993 constituyen las dos terceras partes, o sea, el 61% de la fuerza calificada.
Todo ello ha sido posible gracias a la existencia de un marco legal que responde a una política de igualdad, sin discriminación ni exclusión conformado, entre otros, por la Constitución de la República, el Código de Familia, el Código de Trabajo, la ley de Maternidad (que garantiza la Licencia de Maternidad desde 1974 y la Ley de Seguridad y Asistencia social.
Además hay que señalar que en Cuba la política social prioriza la salud y la educación como derechos humanos y constitucionales. A razón de ello existe un Programa de salud reproductiva y Planificación Familiar establecido desde 1964, y un año más tarde el aborto fue institucionalizado en 1965 como un servicio gratuito y seguro del sistema nacional de salud, basado en el respeto al derecho humano de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
En Cuba se desarrollan programas de atención a la salud de las mujeres, en los diferentes momentos de su maternidad, que han garantizado la disminución progresiva de la mortalidad infantil hasta 4.2 por cada mil nacidos vivos y de mortalidad materna hasta 20,7 en 2014.
El 99,9% de los partos son atendidos en instituciones especializadas y por personal calificado y desde la Campaña de Alfabetización de 1961 comenzó el proceso de feminización de la educación expresado en un 67,8% de las personas graduadas universitarias.
Desde 1975 la educación de la sexualidad es política del Estado Cubano. El Programa Nacional de Educación y Salud Sexual promueve cambios culturales desde un paradigma emancipatorio y ha demostrado ser un poderoso recurso para el cambio que anhelamos.
Mariela apuntó que “En el plano de la cotidianeidad, la sociedad cubana ha logrado desmentir tres mitos patriarcales: que el hombre es el proveedor exclusivo de los ingresos al hogar; que los hombres saben más que las mujeres y que los hombres son los que toman las decisiones dentro de la familia”.
Durante el evento la directiva sostuvo encuentros con la presidenta de Chile Michele Bachelet, Ban Ki-moon Secretario General de Naciones Unidos y Claudia Pascual Ministra de la Mujer y Género.
